Estableciendo la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de México
Los ferrocarriles de carga mexicanos son altamente eficientes y están operados por concesiones privadas. Éstas se diseñaron para fomentar la competencia entre ferrocarriles verticalmente integrados en mercados clave, mediante vías paralelas, rutas alternas, y el derecho a usar las vías de otro ferrocarril en secciones específicas de la red. Por lo general el sistema ha funcionado bien pero el déficit en capacidad
regulatoria ha resultado ser un obstáculo en la resolución de controversias sobre el uso de los derechos de paso y las condiciones de acceso para algunos transportistas. La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario se modificó en enero del 2015 para solucionar estas deficiencias a través de medidas que incluyen el establecimiento de una nueva Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.
La clave del éxito de esta nueva Agencia radicará en su capacidad, en términos de pericia económica, para emitir decisiones sobre cuestiones de acceso a los servicios ferroviarios. Para ser robustas ante las contestaciones legales, las decisiones de la Agencia tendrán que estar económicamente bien argumentadas y acompañadas por una comunicación eficiente para proporcionar confianza a todas las partes involucradas, incluyendo a las cortes, sobre la solidez de los dictámenes. La Agencia requerirá los recursos suficientes para llevar a cabo sus labores. Para proporcionar asistencia en la construcción de esta capacidad regulatoria, el Foro Internacional del Transporte y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes organizaron un encuentro entre los reguladores mexicanos y las instituciones reguladoras clave del transporte ferroviario de Canadá y los Estados Unidos de América para analizar las prácticas de regulación y los recursos que para ello fueron alocados a estas jurisdicciones. El presente reporte resume
los hallazgos de esta consulta.
Este Reporte es parte de la serie Análisis de Casos Específicos de Política Pública. Estos son estudios temáticos sobre cuestiones específicas realizados por el FIT con el acuerdo de las instituciones locales.